La vida Politica del pueblo Venezolano
Introducción
El objeto de la presente monografía es
desarrollar el impacto de la globalización sobre la democracia de Venezuela.
Para ello utilizaremos como eje la problemática propuesta en el capitulo VII del texto Hacia el siglo XXI de Paul Kennedy, donde plantea las
alternativas que posee el
Estado–nación frente a la
globalización. El aporte teórico sobre la Democracia de Venezuela nos lo brindan: los
Cuadernillos Universitarios Politeia y el texto “El impacto de la globalización en la cultura democrática venezolana”,
de Maria Teresa Romero.
Paul Kennedy plantea que los
Estados-nación sufren por parte de la globalización nuevas amenazas, lo que los
lleva a éstos a organizarse de una manera efectiva, de acuerdo a sus
posibilidades tanto geográficas como económicas. El autor dice:(…) estas diversas tendencias que van desde el calentamiento global al intercambio
comercial permanente comparten características comunes. Son transnacionales
por naturaleza, cruzan fronteras a lo largo y ancho de todo el planeta,
afectan a sociedades distantes y nos recuerdan que la Tierra, a pesar de todas sus
divisiones, es una unidad (…). Estos cambios a los que hace referencia el autor, cuestionan la soberanía y
autonomía de los Estados-nación. Los nuevos retos globales solo pueden ser
enfrentados con éxito a escala global por medio de organismos trasnacionales y
políticas que fueran acordadas en común.
Ahora bien, contando con el concepto de globalización y los planteos
sobre el Estado-nación extraídos del texto Hacia el siglo XXI, mostraremos cómo
Venezuela, en el período que abarca desde 1958 hasta la actualidad, busca
definir sus sistema democrático. También veremos cómo el Estado Venezolano
pierde autoridad en determinados períodos y en otros, en cambio, logra
fortalecerla, hecho que esta íntimamente relacionado con los intereses y la
ideología imperante.
CULTURAS
DE LA DEMOCRACIA EN
LA ERA GLOBAL
La
noción de globalización, reciente en
su empleo en ciencias sociales, vista al comienzo como una mera fraseología de marketing en algunas escuelas
intelectuales latinoamericanas, poco más que un ropaje ideológico del “consenso de Washington”, parece hoy
haber pasado a formar parte del vocabulario imprescindible de las ciencias sociales contemporáneas. Hasta finales de los años 90, los global /escépticos discutían si
existía o no la globalización. El debate se ha desplazado entretanto a los
efectos de la globalización. La cuestión de su existencia ya no se discute con
la misma intensidad y el concepto se ha incorporado al vocabulario corriente de
las ciencias sociales.
En
las periferias, los procesos de interdependencia global han puesto entre
paréntesis las teleologías características de la teoría de la modernización.
Las vías a la modernidad aparecen hoy menos claramente definidas.
La interdependencia global en América Latina tiene lugar en un
contexto de naciones caracterizadas por Estados débiles, altos niveles de
pobreza, crecimiento económico discontinuo, tradiciones democráticas frágiles,
alta desigualdad social y tradiciones políticas autoritarias muy enraizadas. La globalización se viene manifestando
en el plano económico, las importaciones y las exportaciones latinoamericanas
han aumentado significativamente en los últimos cuatro años. La cohesión social
de los Estados Nacionales
individuales no puede ser enfrentada sin tener en cuenta los procesos
transnacionales que repercuten sobre los espacios nacionales.
Los Estados latinoamericanos se enfrentan al desafío de
reinventarse de acuerdo a las nuevas condiciones de la globalización y la
construcción de variadas experiencias democráticas .Desde esa perspectiva, en
el contexto latinoamericano, el problema es de qué manera afectan las nuevas
formas de interdependencia económica, política y cultural, a Estados
voluminosos pero débiles en cuanto a su capacidad de gestión social, baja
capacidad extractiva pero caros y derrochadores, creadores de beneficios para
algunos pero no necesariamente estímulos a la prosperidad del conjunto.
Actualmente
esos Estados son proveedores de servicios deficientes, actualmente soportes de
democracias imperfectas que operan en sociedades pobres y desiguales, con bajos
niveles de adhesión al régimen político. Esa
doble situación, globalización y culturas de la democracia -encuentra a los
estados latinoamericanos enfrentados a obstáculos diferentes de acuerdo con la
historia previa de cada país y su articulación con el resto del mundo.
La globalización económica y cultural, la modernización de las
sociedades, los enormes avances en comunicación y transporte, han creado las
condiciones para una nueva ola de experiencia de la democracia en el mundo y en
América Latina.
Ciertamente
Venezuela, al igual que América
Latina en general, no escapa al proceso de globalización mundial y por tanto a
partir de finales de la década de los ochenta y principios de los noventa ha
intentado insertarse a él y adaptarse a los cambios impuestos por ese fenómeno.
Esto lo ha hecho, básicamente, implementando reformas estatales y políticas
institucionales tendientes a la conformación de una economía de mercado y una
democracia de tipo liberal. En suma, la globalización ha afectado a la cultura
democrática del venezolano porque tanto el
Estado venezolano como ciertos sectores empresariales y de la opinión pública
se han tratado de adaptar a ella adoptando y/o apoyando políticas y reformas
tendientes a la liberalización de la economía y de la democracia.
El
desarrollo en América Latina –y en
Venezuela en particular- de sistemas políticos acentuadamente presidencialistas,
centralistas, populistas y partidistas, de modelos económicos de naturaleza
rentista y de intervencionismo de Estado, y de sistemas sociales poco
estructurados, con niveles bajos de asociación, organización, participación y
pluralismo. Este es el caso, precisamente, de la democracia que se instaura en
Venezuela a partir de 1958, cuyas
bases sociopolíticas básicas se establecieron
en
el llamado “trienio de 1945-1948”.De
hecho, las inevitables reformas económicas y políticas producto de la
globalización mundial en sus aspectos de liberalización y democratización
introducidas en la mayoría de los países de la región a partir de finales de la
década de los ochenta, fueron al menos en un principio rechazadas por sus
respectivas poblaciones (como ha sido el caso venezolano en 1989 y 1993) y
posteriormente aceptadas pero bajo un contexto de autoritarismo abierto (caso
chileno con Pinochet) o de autoritarismo velado al estilo civil (siendo el caso
del régimen Fujimorista en Perú el más destacado).
Para
entender cabalmente la naturaleza de la cultura
democrática venezolana se hace necesario explicar el modelo o proyecto
democrático que nace en 1958 y que entra en crisis a partir de la “década
perdida” de los 80, ya que ambos están íntimamente vinculados. Este modelo de
democracia se caracterizó en el ámbito político por ser un sistema altamente partidista en virtud de que los principales
partidos políticos del status (Acción Democrática y Copei) monopolizaban el proceso político, jugaban el rol tanto de mediadores
principales, y casi únicos, entre el
Estado y la Sociedad
Civil como de canales de agregación y articulación de
intereses sociales. Se trataba a su vez de una democracia pactada y populista
porque funcionaba sobre la base de un esquema complejo de negociación y
acomodación de intereses acordados por las elites políticas y sociales del
país, y porque se basó en el reconocimiento de la existencia de una pluralidad
de intereses sociales, económicos y políticos, así como en la necesidad de su
incorporación en el nuevo sistema. El
sistema político era de carácter populista, además, porque su ideal giraba
entorno a un gobierno que respondiera en grado máximo a los deseos y
preferencias efectivas de la mayoría de los electores, aun cuando este
populismo estuvo signado por fuertes rasgos demagógicos y clientelares. En el
ámbito económico, el sistema democrático del 58 se basó en un modelo de desarrollo capitalista de Estado
dado que ese Estado jugaba un papel central en la estructuración de las
principales coordenadas de la nación al fungir como propietario de la fuente
principal de recursos (el petróleo) y como agente de distribución de la riqueza
nacional.
Este
modelo estadista fue orientado a la diversificación del aparato productivo
nacional de manera de sustituir productos importados por el establecimiento de
industrias productoras o ensambladoras de bienes terminados (modelo capitalista
de sustitución de importaciones), proceso también financiado por la renta
petrolera. Por último, en vista de las características político-económicas señaladas, el sistema social venezolano
manifestó un carácter de extrema dependencia del Estado y los partidos
políticos. La creación por parte del Estado
de una extensa y compleja red asistencial que se ejercía y funcionaba esencialmente
a través de los partidos políticos, produjo una sociedad civil débil, basada en
pocas organizaciones no partidistas y con un nivel precario de
institucionalización, asociación y participación. No obstante, durante la
década de los 80 y en particular en la década
de los 90, esta cultura democrática ha empezado un proceso de
resquebrajamiento y cambio.
Su crisis y deterioro se puede deducir y palpar más
nítidamente de las opiniones que la mayoría de la población venezolana viene
manifestando con relación a la democracia como sistema, hacia sus instituciones
fundamentales, sus procesos y actores.
Representación
proporcional a partir de 1958
El gobierno de Pérez Jiménez fue derrocado el 23 de enero
de 1958 y en su lugar se instaló una Junta de Gobierno presidida por el
entonces contralmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto, el oficial más antiguo. La Junta sumió poderes de legislar, e incluso
constituyentes, y en ejercicio de ellos promulgó un decreto contentivo de la Ley Electoral, en el
que se modificó la forma de elección de los senadores. Según la Constitución de 1953, los senadores debían ser
elegidos por las asambleas legislativas de los estados y por el Concejo
Municipal en el Distrito Federal, a razón de dos por cada entidad, pero la Junta dispuso que la
elección se haría por el voto popular y que existirían los senadores
adicionales, a ser otorgados sobre la base de un cociente nacional de 40.000
votos, hasta un máximo de dos por cada partido.
Bajo este marco jurídico se realizaron las elecciones del 7 de diciembre de 1958,
en las que se escogió el Presidente de la República y los
cuerpos deliberantes: senadores y diputados al Congreso, diputados a las
asambleas legislativas de los estados y de concejales en los distritos. En esta
oportunidad, y en los años siguientes, a cada elector se le daban dos tarjetas de colores (una grande y
otra pequeña) por cada uno de los partidos participantes en la elección. El elector colocaba la tarjeta grande
del partido de su preferencia en un sobre que introducía en la urna electoral y
desechaba las demás, y de esta manera votaba por el Presidente de la República. De la
misma manera, introducía una tarjeta pequeña en el sobre, y así votaba, al
mismo tiempo, por los candidatos postulados por el partido de su preferencia
para el Senado, la Cámara
de Diputados, la
Asamblea Legislativa y el Concejo Municipal que
correspondiera. El sistema así establecido no permitía que se pudiera votar por
candidatos de diferentes partidos (el llamado splitting de los votos, o el voto
cruzado). En la elección de todos los cuerpos deliberantes se aplicó el
principio de la representación proporcional de los partidos mediante la
aplicación del método D’Hondt y, además, en los comicios nacionales se mantuvo
la figura de los parlamentarios adicionales. De esta manera, se realizaron las
elecciones nacionales, conjuntamente con las elecciones regionales y locales,
correspondientes a los años 1963, 1968, 1973, 1978 (a partir de 1979 se separan
las elecciones de concejales), 1983 y 1988.
Durante todos
los años que siguen a 1958
la representación proporcional se incorpora a la vida de las organizaciones que
eligen a sus directivos y así ocurre en los colegios profesionales, los
sindicatos, los centros de estudiantes, entre otras. Podría decirse que las elecciones de 1983 marcan el apogeo
de la representación proporcional para la escogencia de los cuerpos
deliberantes. A partir de esa época, con ocasión de la crisis económica que se manifiesta a comienzos de ese año con el
derrumbe de nuestro signo monetario, se establecen vinculaciones entre economía
y política, en el sentido de atribuir a la organización del sistema político
las causas de la ineficiencia del Estado,
de la sociedad y de la economía, y se comienza un cuestionamiento al sistema electoral utilizado, que Juan Carlos
Rey (1987) sintetiza en la siguiente forma: se le reprocha la falta de control
efectivo por parte del ciudadano común y corriente, a través de su voto, sobre
las decisiones que en definitiva tomarán los elegidos. Se atribuye tal defecto
principalmente al sistema de votación por listas cerradas y bloqueadas, y a la
elección conjunta y simultánea de los distintos cargos y niveles de gobierno,
todo lo cual conduce a la mediatización partidista, que consagra, en la
práctica, la falta de responsabilidad directa del elegido frente a sus
electores (que, con frecuencia, no saben el nombre de las personas por quienes han
votando) y lleva a que se descuiden los problemas propios del nivel
regional y local. Tales críticas plantean problemas fundamentales, que tienen
que ver con los principios mismos del sistema de representación que ha
prevalecido en Venezuela, y las propuestas de reforma que a partir de dicha
críticas se plantean, se orientan a lograr un aumento del control de los
electores sobre los elegidos, mediante fórmulas que introduzcan la nominalidad
en las elecciones, y a disminuir la mediatización partidista, lo cual
inevitablemente conducirá a debilitar el principio de representación
proporcional o, en el extremo, a su abandono puro y simple, sustituyéndolo por
un sistema de representación mayoritaria y elecciones uninominales.
En efecto, dadas las críticas
que se hacían al sistema de representación proporcional, se discutía sobre la
posibilidad de ensayar métodos de elección que pusieran énfasis en la persona
del candidato y no en el partido, al menos en el ámbito municipal, pero se alegaba que la
consagración del principio de representación proporcional de las minorías en la Constitución impedía
la adopción de un sistema uninominal, incluso para los concejos municipales.
Para hacer posible la reforma electoral, aún en forma limitada, el 16 de marzo
de 1983 se sancionó la enmienda No. 2 de la Constitución, en cuyo
artículo 1º se dispuso que: Para las elecciones de miembros de los Concejos
Municipales podrá adoptarse un sistema electoral especial y distinto del que
rige para las elecciones de Senadores, Diputados y miembros de las Asambleas
Legislativas.
A continuación veremos las políticas impulsadas por los
presidentes Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, que fueron elegidos por
este sistema.
-En el año de 1958
y con apoyo del gobierno provisorio se realizaron en Venezuela las primeras
elecciones. En el gobierno del presidente Betancourt
se produjeron hechos muy significativos y que aun tienen repercusión en el
presente.
En una época en donde todo era bastante incierto o
inseguro en el año 1958 visita Fidel
Castro a Venezuela, esto conlleva a crear focos de guerrilla y la
implantación de células comunistas en el país. Dada la situación se constituye
el partido comunista venezolano y comienza una lucha con la gente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR) "cabezas calientes". Cabe decir que el presidente Betancourt
tuvo mano dura y desarmo a la guerrilla.
Vamos a destacar el hecho del apoyo del presidente
Betancourt al sindicalismo en Venezuela además de la activación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y
les dio facilidades a los trabajadores para lograr beneficios que antes no
tenían (viviendas, aumentos de sueldos, etc.) esto conlleva a un mejor nivel de
vida y tranquilidad para la población venezolana. Logro una política petrolera
basada en la no-concesión y creo la Corporación Venezolana de Petróleo. El presidente Betancourt puso en vigencia y aplico la
ley de Reforma Agraria que se venia
planteando desde hace muchos años atrás para poder corregir la injusticia
social y económica que afectaba a los campesinos
como consecuencia de la estructura latifundista
que ha prevalecido desde la época colonial.
Atendió la educación popular; se constituyeron escuelas y
liceos. Se creo la
Corporación Venezolana de Guayana en 1960, hecho de gran
relevancia en el ámbito nacional; y se promulgo la carta constitucional el 23 de enero de 1961 lo que vino a ser un
hecho de gran importancia en el periodo del gobierno de Betancourt.
El gobierno de Venezuela rompió con todas las relaciones
políticas en países gobernados por dictadores hechos por el cual Venezuela se
promulga como democrática ante el resto del mundo. Además resaltaremos que
durante su gobierno también se le presto especial atención a los problemas
medio asistenciales.
El
gobierno de Rómulo Betancourt marca
el inicio de la
Democracia Puntofijista
en el país, en donde la
Coalición Adeco – copeiana ejerce su poderío. Pero Rómulo
aunque estableciera un gobierno democrático y libre, no lo iba a tener todo tan
fácil, pues el surgimiento de las Guerrillas.
Rafael Caldera 1969-1974; durante su mandato se pudo observar
las siguientes características que permitieron de esta manera la mejora del
país:
-
Legalizó el Partido Comunista
-
Concedió una amnistía a los guerrilleros
-
Propició el ingreso de Venezuela en el Pacto Andino
-
Firmó el Protocolo de Trinidad por el que se fijaron las fronteras con Guayana.
-
Desde la Presidencia,
Caldera inicia una política de pacificación del país mediante la liberación de
los principales jefes comunistas que se encontraban en las cárceles y la
legalización de los partidos políticos que estaban suspendidos
A
partir de entonces, los grupos guerrilleros que actuaban en diversos lugares
del país disminuyeron sus actividades, y muchos de ellos se disolvieron para
integrarse a la vida legal.
En lo Político podemos notar que se interesó
por mantener una estabilidad en los partidos y las leyes por las siguientes
características:
-
Dividió a Venezuela en 8 regiones administrativas
-
Terminó con las guerrillas y logró establecer un clima de paz Nacional.
-
Se decreto la suspensión de la inhabilidad del partido comunista de Venezuela.
-
Se promulga la Ley
de Carrera Administrativa.
-
Se adoptó una política de subsidio flexible y transitorio.
-
Se reformo el Artículo 5º del reglamento de la Ley de Trabajo, eliminando de su contenido la
llamada Mora Legal.
-
En mayo de sanciona la primera enmienda a la constitución de 1961.
-
Se suspendió la inhabilitación el movimiento de Izquierda Revolucionario.
En las características Sociales tenemos que Caldera se ocupo de asuntos del país
que los demás habían olvidado y era esencial su solución para el desarrollo del
país:
-
En octubre del 69 se producen manifestaciones estudiantiles y el lo toma con
calma y con decisión.
-
Se inicia el programa de Mantenimiento de Ingeniería de Hospitales.
-
El gobierno asumió la administración total de los servicios de comunicaciones Telegráficas
Internacionales.
-
En 1970 se promulga la Ley
de Mercado Agrícola que rige la planificación, fomento, regulación y evaluación
de todas las fases comerciales de todos los productos de insumos agrícolas.
-
Comenzaron las operaciones del Banco de desarrollo Agropecuario.
-
Se Dictó un nuevo reglamento de la ley del Trabajo.
El se encargo de que la educación del
País no se
quedara atrás debido a que él sentía que un país marginal no era símbolo de
grandeza y menos de desarrollo, por esto establece:
-
Se Decretó la
Obligatoriedad de la Educación Física
escolar.
-
Comenzó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas.
-
En 1972 se crea el Instituto de Medicina Legal, donde se centralizan los
servicios de Medicina forense del área metropolitana de Caracas.
-
Se crearon nuevos programas para educación preescolar y primaria.
-
Se creó el ciclo Básico y el diversificado en la educación media.
Luís Herrera Campins (1979-1984) fue el ultimo presidente elegido por este sistema, en
los años posteriores se realizaron intensos debates sobre el sistema electoral
más conveniente para perfeccionar la representatividad de los cuerpos
deliberantes y sobre la organización de los partidos políticos, los cuales
tuvieron como escenarios más importantes el Consejo Supremo Electoral y la Comisión Presidencial
para la Reforma
del Estado (Copre), desde su instalación a comienzos de 1985. En un seminario
sobre la Reforma
del Sistema Electoral Venezolano, organizado por el Movimiento al Socialismo
(MAS) y realizado en noviembre de 1985, se analizaron diversas opciones para
mantener el principio de la representación proporcional, pero dándole entrada a
la selección personalizada de los representantes. El partido organizador y
algunos expertos en la materia veían con simpatía el sistema de listas abiertas
con representación proporcional y voto preferencial, pero se consideró también
la proposición del senador Pedro Pablo Aguilar, en nombre del Partido Copei,
quien discurrió así: en primer lugar, explicó la necesidad de introducir el
sistema de listas cerradas y bloqueadas que se hizo en 1946 y en 1958, como una
necesidad para fortalecer los incipientes partidos políticos; en segundo lugar,
admitió que, efectivamente, cuarenta años después ese sistema minimiza la
relación entre los electores y los elegidos y justifica muchas de las críticas
que se hacen a los partidos; en tercer lugar, abogó por el mantenimiento de la
proporcionalidad, que forma parte de la cultura política nacional, y expuso
sobre el sistema de lista abiertas que "Parece un sistema estupendo, pero
requiere una circunstancia cultural que quizá todavía no está dada en
Venezuela"; por último, propuso la adopción de un "sistema que
podríamos llamar mixto," como el que se aplica en algunos países europeos,
especialmente en Alemania, "porque mantiene lo esencial, lo sustancial de
la representación proporcional para garantizar así el principio democrático y
el pluralismo, pero incorpora la votación nominal...(de modo que)...los
partidos tendrían que buscar nuevos mecanismos, más democráticos y más
participativos, para la escogencia de sus candidatos.
Con
la adopción de estos métodos, que combinan la elección por nombres y apellidos
con la representación proporcional, el sistema electoral venezolano se ha hecho
cada vez más complejo, en comparación con el de listas cerradas y bloqueadas,
que permitía, mejor que ningún otro, la aplicación del principio de la
representación proporcional de las organizaciones políticas.
El enigmático Chávez
Se
ha defendido la idea de que Chávez accede al poder con un proyecto de sociedad
preconcebido desde sus tiempos de cuartel, proyecto que al no poder ser
concretado por la vía del golpe de Estado, echa mano del recurso electoral
democrático. Un sistema político
erosionado, una sociedad fragmentada
y desencantada de sus representaciones históricas fue el mejor catalizador para
que un discurso populista como el de Chávez se impusiera confortablemente. De
este modo, el Presidente fue objeto de una de las delegaciones de poder más
extraordinarias que ha presenciado América Latina, ratificada en varias
elecciones a lo largo de sus años de gobierno. En nombre de ese apoyo popular,
el Presidente apeló a mecanismos contrarios a la democracia, para acumular
recursos de poder cada vez más extraordinarios. Paralelamente, el Gobierno ha
venido desarrollando sostenidos esfuerzos por encuadrar a la sociedad
venezolana en un modelo económico y sociopolítico con desmedida presencia del
Estado signado por las líneas de su proyecto particular. Estos esfuerzos se
exacerbaron a partir del triunfo de Chávez en el referéndum revocatorio que se realizara en agosto de 2004, evento
que le ratificó en la presidencia de la república. Tres meses luego de esa
consulta, el Presidente expondría frente a altos personeros de su Gobierno, lo
que el mismo llamara el "nuevo mapa estratégico", en el cual estarían
contenidos los diez grandes objetivos que guiarían –en un "salto
adelante"– su acción política hasta el año 2006. Destacamos algunos de los
más importantes, como son el "avance" en la conformación de una nueva
estructura social; la articulación de una estrategia comunicacional de mayor
cobertura; la construcción del nuevo
modelo democrático; la creación de una distinta institucionalidad del
Estado; la trascendencia del sistema capitalista y el diseño de un nuevo modelo
económico; la profundización de la instalación de una estructura territorial
novedosa; la aceleración de la configuración de una estrategia militar nacional
nueva.
En
el marco de aquellas líneas estratégicas, el presidente Chávez desplegó entre
2004 y diciembre de 2006 una estrategia de poder que ha venido abonando el
terreno de su proyecto. Si se nos preguntara cuáles han sido las principales
pautas de acción que marcan esa estrategia, diríamos que aquellas que se
vinculan con la supeditación de la Fuerza Armada a su proyecto, la educación
ideologizada, la participación popular subordinada a los designios del
Ejecutivo, la ampliación de la cobertura comunicacional estatizada, la
concentración del poder central a partir del manejo casi absoluto y
discrecional de los recursos financieros públicos en detrimento del proceso de
descentralización y, finalmente, el despliegue de mayores esfuerzos por
controlar el aparato económico nacional y hacerlo más dependiente del Estado.
diciembre de 2006 una estrategia de poder que ha venido
abonando el terreno de su proyecto. Si se nos preguntara cuáles han sido las
principales pautas de acción que marcan esa estrategia, diríamos que aquellas
que se vinculan con la supeditación de la Fuerza Armada a su
proyecto, la educación ideologizada, la participación popular subordinada a los
designios del Ejecutivo, la ampliación de la cobertura comunicacional
estatizada, la concentración del poder central a partir del manejo casi
absoluto y discrecional de los recursos financieros públicos en detrimento del
proceso de descentralización y, finalmente, el despliegue de mayores esfuerzos
por controlar el aparato económico nacional y hacerlo más dependiente del
Estado.
En rápido vuelo, estas acciones pueden
resumirse del modo que sigue:
a. A la presencia importante de militares en cargos de la Administración Pública
desde el comienzo del Gobierno, se le adicionó la idea, desembozada en esos
tres años con toda fuerza, de una Fuerza Armada comprometida con la revolución,
sobre la base de lo que Chávez llamó "nuevo pensamiento militar
venezolano"
b. Pero no sólo el componente uniformado ha sido objeto
de atención por parte del proyecto chavista; también la educación pública pasó
a ser objeto de ideologización por parte del régimen. Así, tanto escuelas
primarias como liceos bolivarianos permitirán, como señalara el entonces
ministro de Educación Aristóbulo Iztúriz, "… la formación de los educandos
en los valores de la revolución".
c. La participación popular ha sido uno de los activos
más ponderados por el chavismo al punto de quedar consagrada en la Constitución de 1999,
bajo la premisa de la "democracia participativa y protagónica".
Ciertamente, a lo largo de la gestión de Gobierno del presidente Chávez se ha
impulsado una participación popular cada vez más creciente, sólo que siempre
subordinada al Poder Ejecutivo. En abril de 2006 se crearon los consejos
comunales, los cuales, como veremos más adelante, constituyen la base social
desde la cual el proyecto presidencial pretende erigir una "sociedad de
equidad y justicia social" (Gaceta
Oficial Nº 5.806 extraordinario).
d. En los últimos años, el Gobierno ha incrementado
sensiblemente el número de estaciones de
radio y TV controlados por el Estado. Todos estos
medios se han conducido invariablemente como vehículos de reforzamiento de la
imagen del Gobierno y en especial del Presidente. Simultáneamente, han
arreciado las amenazas de no renovación de la concesión a canales de vieja data
como Radio Caracas Televisión, canal que perderá su señal a finales del mes de
mayo, de cristalizar definitivamente la amenaza presidencial.
e. Hemos presenciado también un aumento en los esfuerzos
del Gobierno central por concentrar cada vez más los recursos públicos. La
pérdida creciente de autonomía del Banco Central de Venezuela, así como la
creación del Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, apuntan en ese sentido. El
propósito fundamental de este último organismo "radica en que se nutrirá
continuamente con divisas para ser utilizadas a los fines del financiamiento
del desarrollo económico y social. A dicho fondo se traspasará una determinada
proporción de divisas del ingreso de la comercialización de los hidrocarburos
que recibirá el Ejecutivo Nacional directamente de Pdvsa, es decir, antes de
constituirse en reservas internacionales". Al mismo tiempo, se ha venido
desdibujando con mucha fuerza el proceso de descentralización que Venezuela
iniciara en 1989, con la elección directa de gobernadores y alcaldes, lo que puede
constatarse a partir de la abrupta caída de la participación de estados y
municipios en el ingreso público nacional. En este sentido, es importante
indicar que con la descentralización los entes territoriales habían alcanzado
una participación de 29% en el año 1998; con la reconcentración de las finanzas
públicas, ese porcentaje disminuyó a 21% en 2004, 19% en 2005 y 17% en 2006,
ubicando a Venezuela en los niveles de centralización de los años ochenta que
se creían superados.
f. El intento de diseño de un modelo económico de tránsito hacia el socialismo, fundado en la creación de cooperativas y empresas de
producción social (EPS), en el marco de lo que el Gobierno concibe como
"desarrollo endógeno", así como el establecimiento de un conjunto de
regulaciones y requerimientos a la empresa privada tradicional que le presionan
a entubarse en el patrón que el proyecto le impone, limitando su posibilidad de
expansión, perfila una economía más sujeta a los dominios del Estado, de lo que
lo fuera en el pasado. Las nacionalizaciones de las que han sido objeto la Compañía Anónima
Nacional de Teléfonos de Venezuela, Cantv, y La Electricidad de
Caracas, así como las amenazas en este mismo sentido sobre otras empresas como
Sidor y la banca, rematan este cuadro.
-Estas líneas de acción no hubiesen podido desplegarse
sin el concurso de los poderes públicos. Y es que en cuatro años el Gobierno ha
consolidado su poder en dos órganos clave de la institucionalidad democrática: la Asamblea Nacional
(AN) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En el primero de ellos ostenta el
control absoluto, gracias al retiro de los factores de oposición de la
contienda electoral para elegir los congresistas para el período 2006-2011.11
En el segundo, el Gobierno ha apelado a recursos que colocan en entredicho las
prácticas democráticas. Vale la pena detenerse un poco en éstas.
En diciembre de 2004 la AN, todavía con importante representación
opositora, modificó la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con el voto de
la mayoría simple oficialista, contrariando la disposición jurídica que obliga
a que cualquier ley orgánica deba ser aprobada con una mayoría calificada de
las dos terceras partes del cuerpo legislativo. La modificación de marras tenía
como propósito incrementar el número de magistrados de 20 a 32, con lo cual el
Gobierno recuperaba el control absoluto del máximo tribunal, puesto en
entredicho cuando éste no encontrara méritos para enjuiciar a los militares
acusados de rebelión militar en abril de 2002.
El
manejo parcializado de este asunto quedó en evidencia cuando Pedro Carreño,
presidente del Comité de Postulaciones de la AN, afirmaría que el gobierno de Chávez no abriría espacio alguno a
la oposición en el tribunal: "No nos vamos a meter un autogol". Los
electos "son magistrados cuya filiación revolucionaria está más que
garantizada". En añadidura, en el acto de instalación del organismo, su
nuevo presidente, Omar Meza, se autocalificaría como "revolucionario"
determinado a aplicar una "justicia revolucionaria”
El segundo
"motor"
es la reforma constitucional. Como se ha dicho,
en diciembre de 1999 Venezuela estrenó una nueva Constitución, la "mejor
del mundo", como solía decir el Presidente en sus alocuciones. Después de
seis años de mandato, el Presidente emprendió una campaña a favor de cambios en
la novel carta magna. La
Constitución, dice, siguiendo a Simón Bolívar, "debiera
reformarse por períodos según lo exige el movimiento del mundo moral, y esto es
normal, sobre todo, cuando hay un movimiento moral, político y social tan
acelerado como el que nosotros estamos viviendo.
A tales efectos, el Presidente nombró el Consejo
Presidencial para la
Reforma Constitucional, formado por once miembros, entre
ellos, máximos representantes de los altos poderes, como la Presidenta de la AN y la del TSJ, acatando un
pacto de confidencialidad contemplado en el decreto que le dio vida a dicha
comisión, en vista de que es el Presidente quien tiene la última palabra en
este asunto. He aquí el mejor ejemplo, a nuestro juicio, de lo que el populismo
puede implicar en términos de reducción excesiva de complejidad: en nombre de
un pueblo, un solo hombre puede imponer su voluntad, intentando trascender lo
que es inmanente a la sociedad, a saber, la pluralidad de intereses y las
contradicciones que le son parejas.
En la práctica, esta visión implica que, en nombre del
principio de la democracia participativa
y protagónica, consagrado en la Constitución, el poder constituyente no se
paraliza, el pueblo continuará ejerciendo, en todo momento, su poder soberano,
de modo que el poder constituyente originario no estaría nunca en un estado de
letargo y podría ser permanentemente activado. Pero si esto fuera cierto, la
democracia participativa y protagónica significaría la muerte del constitucionalismo
y del orden constitucional… Un poder constituyente, siempre presente y así
concebido, equivale a lo que Carl Schmitt ha llamado una dictadura
constitucional sin límites de duración".
Uno
de los puntales de la reforma es la reelección presidencial indefinida, asunto
sobre el cual Chávez se ha pronunciado reiteradamente, sustrayéndolo así del
espacio de la confidencialidad. El basamento de esta pretensión es el mismo que
sustenta la reforma: el de la democracia participativa y protagónica que fija
en el pueblo la potestad de elegir como quiera. De tal manera, la
alternabilidad, principio básico de todo sistema democrático, es vista como
algo indeseable porque impide al pueblo decidir. Así, Francisco Ameliach,
director del Movimiento Quinta República (MVR), partido del Gobierno, indicaba
que la alternabilidad establecida en la Constitución "es un chantaje político",
siendo necesario realizar una reforma que persiga "la mayor suma de
estabilidad posible… El pueblo decide si alterna o no y eso es democracia"
El poder comunal
Todos los "motores" anteriores son
"tributarios" del quinto, ha señalado Chávez, es decir, convergen en
el poder comunal. "La explosión creadora del Poder Comunal va a depender
para su desarrollo… impulso… establecimiento…expansión… éxito, de los
anteriores. Va a depender de la reforma de la Constitución,… de las
Leyes Habilitantes,… de la
Gran Jornada Nacional "Moral y Luces"… de la nueva
Geometría del Poder…"
Estos consejos, según ha indicado el Presidente, no
estarán sujetos a alcaldías, juntas parroquiales, ni a gobernaciones, aunque,
en esta etapa de transición deberán mantener el "juego de relaciones"
con el poder constituido hasta consolidar lo que él denomina "Estado
comunal". Todo indica que se trata de profundizar la democracia directa
como alternativa a la democracia representativa, tan denostada por el
chavismo,22 lo cual supone restar peso, cuando no anular, las estructuras
institucionales intermedias, en un ejercicio típicamente del poder.
Los consejos comunales deberán armarse a partir de una
base poblacional mínima de 200 o 400 familias en las áreas urbanas, 20 en las
rurales y 10 en las comunidades indígenas y se conciben, de acuerdo con la ley
que los constituye "como instancias de participación, articulación e integración
entre las diversas organizaciones, grupos sociales y los ciudadanos y
ciudadanas, que permitan al pueblo organizado ejercer directamente la gestión
de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades
y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad
y justicia social"
Conclusiones
El régimen populista de Hugo Chávez ha mostrado desde sus
inicios una fuerte disposición a la concentración del poder. Esta disposición
se ha concretado en los últimos cuatro años en la consolidación de su dominio
en casi todas las áreas de la vida del país. El triunfo de Chávez en el
revocatorio presidencial de 2004 abrió al Gobierno el espacio para acelerar los
cambios, tanto institucionales como económicos y sociopolíticos inherentes a su
proyecto. La ratificación del cargo presidencial mediante las elecciones de
diciembre de 2006, permitieron profundizar la marcha de aquellos cambios. Los
"cinco motores constituyentes" rumbo al socialismo del siglo XXI, anunciados
luego de los comicios, no son otra cosa que la continuación depurada y más
sistematizada de la estrategia contenida en el "salto adelante" de
2004.
Esta
estrategia se orienta, a nuestro juicio, a una mayor concentración de poder en
el Ejecutivo que apunta hacia una sensible disminución de las instituciones
intermedias de representación; una probable estadía de Hugo Chávez en la
presidencia de la república, más allá de los plazos constitucionales hoy
vigentes; la implantación de un modelo económico predominantemente estatista;
mayor participación popular pero controlada desde el vértice; incremento de la
presencia militar en la vida civil y conversión del estamento uniformado en un
cuerpo sujeto al interés político del Presidente, y la ideologización de la sociedad
en los moldes del proyecto chavista.
